Introducción

Pensar la relación entre geografía y economías populares resulta ineludible en contextos latinoamericanos marcados por un desarrollo desigual y una estructural incapacidad del capitalismo periférico para integrar a amplios sectores de la población al mercado formal de trabajo. En las grandes ciudades de la región, una parte significativa de la población urbana reproduce su vida en las periferias metropolitanas y rurales mediante prácticas económicas de subsistencia y autoempleo, comúnmente denominadas economías populares.

Debe aclararse que no es correcto concebir la periferia como un espacio homogéneo definido exclusivamente por la vulnerabilidad social, la exposición al riesgo o el caos urbano producto de la ausencia de planificación. Las periferias urbanas latinoamericanas son, ante todo, la expresión territorial de los problemas estructurales que atraviesan a las economías nacionales. Constituyen el resultado material de un modelo de desarrollo que produce desigualdad de manera diferencial en el espacio, articulado con dinámicas históricas y contemporáneas como la restricción sistemática al acceso a los derechos humanos, los conflictos armados, los desplazamientos forzados, el desmonte de políticas orientadas a fortalecer los modos de producción campesinos y el avance del extractivismo minero-energético-agroindustrial y de los commodities, procesos que generan despojo en nombre del desarrollo.

La consecuencia de estas dinámicas es la configuración de asentamientos urbanos que emergen por fuera —o en los márgenes— de las lógicas de la planificación territorial estatal y de los circuitos formales del mercado de bienes y servicios. Esta condición no representa una anomalía, sino una respuesta socioespacial mediante la cual amplios sectores de la población se ven obligados a producir “espacios informales”, en los que las economías populares funcionan como un componente central para la reproducción de la vida.

Las economías populares comprenden circuitos de producción, intercambio y consumo de bienes y servicios generados por poblaciones de escasos recursos —conocidas en el habla cotidiana como rebusque— que crean sus propias oportunidades de trabajo fuera del empleo asalariado clásico. Estas prácticas constituyen una economía “desde abajo”, movidas por la creatividad social, la inventiva popular y la capacidad de los individuos y colectivos para producir medios de vida en condiciones de exclusión estructural.

En los espacios comerciales de las periferias urbanas —y también en territorios rurales y campesinos— se despliegan economías que no acceden a la racionalidad administrativa ni a los dispositivos burocráticos de la formalidad. Esta condición no es coyuntural, sino estructural: las economías nacionales latinoamericanas no logran absorber a toda la población económicamente activa, generando zonas persistentes de precarización laboral y exclusión social. En este contexto, las economías populares adquieren un carácter vital, incluso existencial, al constituirse en espacios concretos de reproducción material, cultural y simbólica de la vida.

Estos circuitos populares producen espacialidades propias. Los lugares de trabajo —calles, plazas, viviendas, ferias, esquinas, mercados— son apropiados, defendidos y resignificados frente a agentes estatales y actores privados, pues de ellos depende la continuidad de la vida. Las economías populares no son pasivas: producen territorio, construyen pertinencia espacial y configuran geografías de la subsistencia y la resistencia. Su dinamismo radica en la capacidad de aprovechar flujos, circulaciones y centralidades locales, dando lugar a economías comunitarias que capturan renta en la circulación y no en la acumulación concentrada de capital.

Desde esta perspectiva surgen interrogantes centrales como: ¿qué se entiende por economías populares?, ¿quiénes las protagonizan y en qué territorios se desarrollan?, ¿es posible construir una geografía de estos procesos?, ¿cómo analizar sus lógicas espaciales desde una geografía crítica? Estas preguntas orientan la presente investigación teórica y de revisión bibliográfica.

Metodología

Para la elaboración del presente documento se realizaron búsquedas sistemáticas en dos bases de datos de revistas académicas indexadas: Redalyc y Dialnet, orientadas a identificar trabajos que abordan la relación entre economías populares y geografía. La selección de estas bases respondió a que concentran una parte significativa de la producción científica en lengua española, lo cual resulta particularmente relevante dado que la construcción teórica y epistemológica del concepto de economía popular ha sido desarrollada, en gran medida, desde la experiencia y la reflexión de las ciencias sociales latinoamericanas. En efecto, la mayor parte de la producción académica sobre el tema ha sido elaborada a partir de contextos territoriales caracterizados por la exclusión estructural y el desarrollo desigual, rasgos distintivos del capitalismo periférico en la región.

Las búsquedas se efectuaron mediante palabras clave como economía popular y economía popular solidaria. Ambas categorías se inscriben en el campo más amplio de la economía social, dentro del cual conviven la economía popular y la economía solidaria como procesos diferenciados, aunque articulables según el contexto territorial. Si bien poseen genealogías distintas, en determinados escenarios estas categorías se ensamblan y dan lugar a enfoques híbridos, comúnmente denominados economía popular solidaria. Mientras la economía solidaria tiene su origen en debates europeos que se proyectan hacia América Latina a lo largo del siglo XX, la economía popular emerge como categoría analítica propiamente latinoamericana, orientada a comprender los circuitos económicos y las estrategias de reproducción de la vida que los pueblos han construido históricamente para satisfacer sus necesidades al margen —aunque en diálogo contradictorio— de la economía del capital, en una relación simultánea de resistencia y dependencia.

En los documentos consultados se retomaron los principales antecedentes del debate, las conceptualizaciones teóricas y algunas experiencias significativas de economía popular. A partir de este corpus bibliográfico, se identificaron y clasificaron los actores que forman parte de la economía popular y de la economía solidaria, con el propósito de reconocer sujetos y prácticas económicas concretas que permitan pensar, desde una perspectiva geográfica, la espacialización de sus dinámicas productivas y reproductivas.

Ahora bien, los alcances de este proceso investigativo tienen un alcance teórico, que sienta unas primeras bases para comprender la relación entre economía popular y la geografía crítica. No obstante, queda como agenda de investigación un ejercicio aplicado de tipo sistemático sobre cómo se distribuyen los “circuitos inferiores” de la economía en la producción del espacio, considerando algunos casos de estudio en ciudades metropolitanas e intermedias.

Resultados

Orígenes de la economía popular: debate y tendencias

La economía popular como categoría de análisis emerge con fuerza durante las décadas de 1980 y 1990, en un contexto marcado por la expansión de las políticas neoliberales en los distintos países de América Latina. En este período, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conceptualizó el trabajo desarrollado por fuera de la lógica de la economía del capital como “trabajo informal”, asociándolo al carácter marginal de amplios sectores de la población que se encontraban en condiciones de pobreza. De allí que desde este organismo se haya instalado el uso de categorías como “sector informal de la economía” o “empleo marginal”, nociones cuya genealogía se remonta a la década de 1970 (Gago, Cielo y Tassi, 2023).

En este marco, el denominado sector marginal se consolida como resultado directo de los programas de ajuste estructural implementados en los Estados latinoamericanos, los cuales generaron amplios contingentes de trabajadores que no lograron insertarse en la economía capitalista moderna. Estos sujetos quedaron relegados a formas de subempleo organizadas bajo la lógica del “emprendimiento de baja productividad, bajos ingresos y escasa o nula capacidad de generación y acumulación de excedentes” (Chena, 2018).

Desde esta lectura, la economía popular fue explicada fundamentalmente como una respuesta de subsistencia de los trabajadores excluidos del sistema formal y de la economía del capital. En consecuencia, organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo tendieron a asociarla con la pobreza, la miseria y lo periférico, destacando su presunto carácter disfuncional respecto del sistema económico vigente. Esta interpretación enfatizó aspectos como el consumo insuficiente de bienes materiales, los ingresos inestables e inadecuados para una vida digna y la discontinuidad en la calidad del trabajo (Coraggio, 2019).

Sin embargo, estas lecturas institucionales sobre la supuesta disfuncionalidad del empleo marginal —esto es, de las economías populares— resultan insuficientes para explicar tanto su persistente crecimiento en las “economías nacionales subdesarrolladas” como las formas concretas mediante las cuales diversas poblaciones resuelven cotidianamente sus necesidades al margen del modelo capitalista clásico. Desde estos organismos se irradió un discurso normativo que postulaba que la informalidad era inherentemente negativa y productora de “subdesarrollo”.

En la década de 1980, la tesis dominante sostenía que la mejora en las condiciones de vida de la población dependía del tránsito desde una economía informal hacia una economía formal, entendida como aquella orientada a la acumulación de excedentes, en una sociedad progresivamente racionalizada y burocratizada (Serra, 2018).

Bajo esta lógica, la economía marginal debía ser absorbida por el sector moderno productivo, y el bienestar social debía provenir de la propiedad de los medios de producción o de ingresos salariales estables en un marco de relaciones laborales reguladas y estables. Según esta perspectiva, el progreso social se alcanzaría mediante la proletarización de la población. Esta mirada continúa siendo hegemónica en espacios académicos, financieros e institucionales. En Colombia, por ejemplo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publica anualmente las cifras de empleo, y la gestión gubernamental es evaluada principalmente en función del aumento o la reducción del desempleo. Asimismo, la incorporación del 55 % de la población ocupada en la informalidad a la economía formal (ANIF, 2025) se presenta como un desafío estructural y permanente de las políticas públicas.

Los autores consultados coinciden en que esta perspectiva resulta insuficiente para comprender la realidad latinoamericana, ya que las estructuras económicas históricamente constituidas en la región no se corresponden plenamente con el ideal de trabajo formal asalariado, debido a la profunda heterogeneidad de las formas de producción y reproducción social —entendida esta última en su dimensión amplia, que incluye el trabajo doméstico y de cuidados como parte constitutiva de la vida económica— (Coraggio, 1998; Quiroga Díaz, 2019).

Si bien la categoría de informalidad intentó dar cuenta de dicha heterogeneidad, terminó reduciéndose al concebirla como el polo negativo del desarrollo económico, es decir, como lo opuesto a la modernización del mercado de trabajo. Esta operación conceptual atraviesa tradiciones analíticas diversas: desde el dualismo estructuralista de raíz cepalina, que interpretó la heterogeneidad como rezago frente a una modernización incompleta (OIT, 1972; PREALC, 1976), hasta las lecturas neoliberales que asociaron la economía informal al exceso de intervención estatal como obstáculo al libre funcionamiento del mercado (de Soto, 1986). En ambos casos, la informalidad quedó vinculada al atraso y a la pobreza, despojada de su potencial como forma de organización económica autónoma.

Esta lógica adquiere mayor coherencia cuando se considera la relación laboral en su conjunto: en los sistemas de protección social latinoamericanos, el empleo formal asalariado ha operado históricamente como el principal mecanismo de acceso a la seguridad social —jubilaciones, cobertura de salud, asignaciones familiares, seguros de desempleo—, de modo que formalizar el empleo además de ser una meta económica es también la vía privilegiada a través de la cual el Estado extiende derechos sociales a la población (Pautassi, 2010). Es precisamente esa articulación entre relación laboral y protección social lo que explica que la acción gubernamental sea evaluada a partir del incremento del empleo formal, y que el aumento del desempleo o del subempleo tienda a considerarse un indicador negativo para la sociedad, invisibilizando la complejidad y la agencia de quienes sostienen sus vidas por fuera de esa norma.

En ese sentido, desde estos discursos institucionales, la economía popular se la concibe como un “universo de empresas pequeñas, sin tecnificación, con insuficiente acceso al capital y a la financiación, mano de obra no calificada y sobreabundancia de personas sin empleo efectivo” (Tamayo y Sáenz, 2016, p. 67), lo que expresaría —en términos de Prebisch (1963)— una insuficiencia dinámica propia del capitalismo periférico.

No obstante, frente a la concepción de informalidad promovida por la OIT, emergieron enfoques críticos que recurrieron a categorías como “masa marginal” (Nun, 1971) o “ejército industrial de reserva” (Quijano, 1971) para explicar el funcionamiento específico del mercado de trabajo en las economías dependientes. Desde estas perspectivas se sostiene que el desarrollo capitalista en la periferia es estructuralmente limitado, lo que genera una informalidad que excede las necesidades inmediatas de la acumulación. En este contexto, existe una incapacidad persistente del sistema capitalista para absorber a toda la fuerza de trabajo disponible, como consecuencia del atraso relativo en el progreso técnico. Esta fue la base de la teoría de la marginalidad desarrollada por autores como José Nun y Aníbal Quijano, quienes cuestionaron la lectura dualista predominante en los organismos multilaterales, donde la informalidad aparecía desprovista de una crítica estructural y reducida a un problema institucional.

Posteriormente, diversos autores latinoamericanos —entre ellos Luis Razeto en Chile (1983), José Luis Coraggio en Argentina y Ecuador (1986) y Orlando Núñez en Nicaragua (1995)— introdujeron la categoría de economía popular como perspectiva crítica que se consolidó durante la década de 1990. Este enfoque incorporó la figura del trabajador cuentapropista como sujeto central: un trabajador sometido a formas de explotación indirecta que no obtiene sus ingresos mediante la venta directa de su fuerza de trabajo. Esta "reserva obrera" constituye el núcleo de la economía popular y es resultado de un desarrollo desigual en doble sentido: la explotación entre naciones con distintos grados de desarrollo capitalista y la explotación de quienes quedan por fuera de los circuitos de asalariamiento formal.

En términos geográficos, esta condición estructural se inscribe diferencialmente en el espacio urbano. Hay zonas de la ciudad donde la economía moderna —entendida como el circuito del capital formal— se territorializa a través de instrumentos de planeación, zonificación y usos de suelo que regulan, ordenan y reproducen un orden económico hegemónico: el de la empresa privada, el contrato, la propiedad formalizada. Pero hay también otros espacios donde la economía popular produce sus propias geografías: no por ausencia de orden, sino por la vigencia de lógicas territoriales distintas, construidas desde la necesidad, la reciprocidad y las formas de trabajo no asalariado. El rebusque, el comercio callejero y la producción domiciliaria no son simplemente la expresión de lo que el capital no alcanza a organizar; son, también, formas activas de producción del espacio. La dialéctica entre economía moderna y economía popular no es entonces solo una oposición económica: es una disputa por el territorio, por quién puede estar dónde y bajo qué condiciones.

En ese sentido, señala Núñez (1995) que los trabajadores por cuenta propia, privados de medios de producción y sin empleo asalariado, emprenden actividades con escaso capital, extendiendo sus jornadas laborales para obtener lo indispensable para la reproducción de la vida.

La bibliografía revisada muestra que la economía popular se inscribe en una tradición crítica latinoamericana alimentada por la teología de la liberación, la filosofía de la liberación y la teoría de la dependencia. Estas corrientes vinculan los procesos de desarrollo económico con sujetos históricos concretos y con modos de producción no capitalistas (Coraggio, 1986, 1998, 2010; Núñez, 1995; Serra, 2018). Desde esta óptica, la informalidad deja de concebirse como un residuo disfuncional y pasa a entenderse como el espacio socioeconómico en el que se instalan quienes no son absorbidos por los circuitos de la acumulación capitalista. En este sentido, los sujetos excluidos producen sus propios circuitos económicos para existir y reproducirse en el espacio. Milton Santos (2024) le llama circuitos inferiores de la economía.

Las economías populares producen, así, espacialidades subalternizadas y negadas. A la geografía crítica le corresponde analizar esta relación entre espacio y economía popular para comprender tanto su funcionamiento interno como su articulación externa con el capitalismo. Se trata de valorar los encadenamientos productivos y comerciales construidos desde abajo, en los que los sujetos periféricos y colectivos encuentran márgenes de autonomía relativa y sentidos de libertad en economías dependientes. En definitiva, la economía popular no constituye una fase previa al capitalismo, sino un proceso con lógicas propias que integra a quienes el sistema excluye y que configura espacios creíbles de opciones de vida. Dicho de otra forma, la economía popular es constitutiva del capitalismo periférico y convive con este en los países del “mundo subdesarrollado”.

Un aspecto central de esta discusión remite a la dependencia de las economías nacionales del mercado global, proceso que produce de manera sistemática pobreza y desigualdad. La relación centro–periferia explica el limitado desarrollo capitalista en la región, en tanto los intercambios desiguales imponen precios desfavorables a las materias primas, afectando la soberanía económica y, particularmente, la soberanía alimentaria de los países latinoamericanos.

Si bien se produce alimento en la región, ello no garantiza el desarrollo nacional. La producción agrícola no industrial, desarrollada mayoritariamente por campesinos, constituye una actividad cuentapropista orientada al sustento familiar y comunitario, y no toda ella logra incorporarse a la economía formal. Aunque los Estados buscan integrar esta producción al mercado nacional, ello no siempre fortalece las economías populares, dadas las barreras técnicas, administrativas y normativas que limitan su viabilidad, generando incluso desperdicio de producción agrícola.

Como señalan Tamayo y Sáenz (2016), frente a las crisis económicas y el desempleo, diversas comunidades a lo largo del continente han construido economías populares basadas en el apoyo mutuo. De este modo, amplios sectores excluidos crean circuitos económicos propios para garantizar formas mínimas de subsistencia. La economía popular se convierte así en un espacio de ensanchamiento social donde participan pobres urbanos, desplazados, mujeres, artistas, campesinos y trabajadores independientes, configurando sujetos colectivos con capacidad de tensionar al Estado y sus políticas económicas. No se trata ya del proletariado clásico como sujeto exclusivo del cambio social, sino de una pluralidad de sectores populares cuya práctica económica constituye un espacio de resistencia del trabajo y de afirmación de la dignidad.

En la actualidad, el debate se sitúa entre el fortalecimiento de las economías populares y la expansión del trabajo asalariado decente. Categorías como economía informal, masas marginales o ejército industrial de reserva resultan insuficientes e incluso anacrónicas para analizar las economías latinoamericanas contemporáneas. Hablar de economías populares permite reconocer su centralidad estructural, aun cuando para el Estado suponen altos costos en términos de garantía de derechos sociales. Pese a las críticas, la economía popular sigue siendo un componente fundamental del control social de los circuitos espaciales de una economía orientada a la subsistencia.

A continuación, se desarrollan las principales conceptualizaciones sobre la economía popular a partir de la literatura especializada.

Conceptualizaciones: qué es, quienes hacen parte de la economía popular y en dónde se desarrolla

Una categoría central para comprender la economía popular desde una perspectiva geográfica es el trabajo concebido como un canal de integración social y territorial (Coraggio, 2019). A diferencia del trabajo asalariado, en el que la fuerza corporal y mental se inserta en relaciones contractuales abstractas y desancladas del lugar, el trabajo en la economía popular se organiza en estrecha relación con el territorio. Se trata de un trabajo cuya lógica no responde a la acumulación de capital: está enmarcada a la reproducción socioespacial de la vida, en la que se movilizan energías, destrezas y saberes situados bajo formas independientes y relativamente autónomas. Estas prácticas se despliegan en espacios concretos —viviendas, calles, plazas, mercados, parcelas, ferias— constituyendo territorialidades productivas que sostienen proyectos de vida digna.

Desde esta perspectiva, Coraggio (2019) señala que la unidad doméstica, entendida tanto en su dimensión familiar como comunitaria, constituye la escala primaria de organización de la economía popular. Esta unidad se expande y se reconfigura territorialmente al articularse con emprendimientos mercantiles individuales o familiares, y puede proyectarse hacia organizaciones económicas de tipo solidario, como cooperativas y mutuales, generando redes económicas multiescalares que enlazan lo local con ámbitos barriales, urbanos o regionales.

Para analizar estas dinámicas, el autor introduce los conceptos de fondo de trabajo y reproducción simple y ampliada, los cuales remiten a un conjunto de capacidades productivas propias de los sujetos —saberes, habilidades, fuerza de trabajo, relaciones sociales y arraigos territoriales— más que a la posesión de capital monetario (Coraggio, 1998). Esta conceptualización permite comprender la economía popular como una economía situada espacialmente, cuya capacidad de reproducción depende del uso intensivo del trabajo y del aprovechamiento estratégico de los recursos disponibles en el territorio. En este sentido, la economía popular se estructura sobre unidades de trabajo territorializadas, y no sobre unidades de capital deslocalizadas (Kraychette, 2000).

En esta misma línea, Chena (2018) identifica dos rasgos estructurales de la economía popular con claras implicaciones espaciales. En primer lugar, se trata de actividades que se desarrollan al margen de la relación salarial tradicional, lo que implica formas de organización del trabajo menos rígidas y más adaptables a las condiciones locales. En segundo lugar, estas actividades generan ingresos bajos y una limitada capacidad de consumo y acumulación, lo que restringe su proyección a escalas ampliadas, pero refuerza su arraigo en circuitos económicos locales. De allí que los trabajadores cuentapropistas perciban ingresos inferiores por hora trabajada frente a los asalariados formales, aun cuando compartan ocupaciones similares.

Desde esta lógica, la economía popular no persigue la generación sistemática de excedentes, sino la reproducción social y territorial de los sectores más desfavorecidos (Maldovan, 2018). Las lecturas ortodoxas tienden a deslegitimar estas prácticas al no ajustarse a los criterios del empleo formal; sin embargo, esta visión omite la dimensión espacial del fenómeno. Como sostiene Razeto (1983), lo verdaderamente relevante es la capacidad de las economías populares para activar territorialmente al mundo de los pobres mediante una multiplicación de iniciativas económicas locales, orientadas a resolver necesidades concretas desde abajo.

En este sentido, la economía popular puede entenderse como un sistema socioeconómico territorialmente heterogéneo, evidenciado en los modos de vida, las prácticas productivas y las espacialidades cotidianas de las clases populares (Barrantes, 1992). De manera convergente, Sarria y Tiribia (2004) la definen como el conjunto de actividades económicas y prácticas sociales desarrolladas por los sectores populares para satisfacer necesidades materiales e inmateriales mediante el uso de su propia fuerza de trabajo y de recursos localmente disponibles, reforzando su carácter situado y relacional.

Un rasgo común identificado en la literatura es la asociación de la economía popular con valores como la cooperación, la reciprocidad y la solidaridad, los cuales operan como principios organizadores del territorio. En el marco de unidades domésticas y comunitarias, la producción de ingresos se articula con la reproducción del espacio vivido. Por ejemplo, un taller familiar de confección genera recursos económicos, organiza el uso del espacio doméstico, redefine tiempos y flujos de circulación, y conecta la vivienda con circuitos barriales de consumo e intercambio.

Asimismo, los campesinos forman parte constitutiva de la economía popular en tanto garantizan la reproducción de la vida agrícola mediante prácticas territorializadas como el intercambio de semillas, los mercados locales, el acceso a saberes productivos y el trabajo comunal. Aunque carecen de seguridad social y estabilidad salarial, sostienen territorialidades rurales basadas en altos niveles de autogestión y apoyo mutuo, fundamentales para la soberanía alimentaria local.

En este sentido, la economía popular puede concebirse como una economía viva, caracterizada por la multiplicidad de experiencias que estructuran micro-territorios productivos y redes de intercambio a pequeña escala (Tamayo y Sáenz, 2016). Esta vitalidad se expresa también en la valorización social de oficios tradicionalmente subestimados por el capital, pero esenciales en territorios populares, donde el acceso al consumo masivo es limitado y los saberes artesanales cumplen una función económica y cultural clave.

Fortalecer las economías populares implica, por tanto, fortalecer economías locales territoriales, capaces de sostener la reproducción cotidiana de la vida. Restaurantes populares, mercados barriales, verdulerías y carnicerías organizan su actividad en función de flujos espaciales específicos, horarios tempranos, circuitos de abastecimiento local y redes sociales que garantizan la subsistencia familiar. En estos espacios, la economía popular se manifiesta como una práctica socioespacial integral, íntimamente ligada a la vida diaria.

En síntesis, los autores consultados coinciden en que la economía popular se sostiene sobre una matriz socioeconómica territorial, conformada por actividades desarrolladas por agentes individuales y colectivos cuya subsistencia depende de la reproducción continua de su fondo de trabajo. Esta reproducción es inseparable del territorio que habitan y producen. Cualquier interrupción de estos procesos tiene consecuencias profundas a escala individual, familiar y comunitaria (Coraggio, 2019).

Finalmente, la economía popular no constituye un sistema aislado: se articula con otras economías —la empresarial capitalista y la pública-institucional— conformando ensamblajes multiescalares. Estas interacciones movilizan recursos, saberes y flujos entre territorios, mostrando que no existe una única Economía, sino múltiples economías territorialmente situadas. En este entramado, la economía popular cumple un papel central en territorios urbanos precarizados, zonas rurales, y espacios indígenas y afrodescendientes, donde suele denominarse economía propia, en tanto las comunidades mantienen un mayor control sobre los circuitos productivos que sostienen la vida colectiva.

Tipologías de las economías populares para la producción socioespacial

Las tipologías de la economía popular se definen a partir del actor protagónico que produce espacio mediante circuitos económicos populares que articulan escalas locales, urbanas y regionales, configurando territorialidades específicas de trabajo, subsistencia y reproducción de la vida. Estos actores —sujetos individuales, familias y asociaciones— a la vez que generan ingresos, producen espacio, en el sentido propuesto por Milton Santos cuando afirma que “el espacio es un conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones” (Santos, 1996, p. 51).

Se entiende por tipología una clasificación analítica de los distintos órdenes que estructuran la economía popular en su producción socioespacial. Cada tipología presenta características internas específicas que la distinguen de las demás, en función de los actores sociales involucrados, las formas de organización del trabajo, los circuitos económicos que moviliza y las escalas territoriales en las que se inscribe. En este ejercicio se identifican cinco tipologías principales que no operan de manera aislada, sino que se encuentran en permanente interacción y ensamblaje con otros sectores de la economía, particularmente con la economía formal-capitalista y la economía pública-institucional. Estas relaciones configuran matrices socioeconómicas multiescalares que producen y reorganizan el espacio geográfico mediante flujos, prácticas y territorialidades diferenciadas

Desde esta perspectiva, las prácticas de la economía popular pueden comprenderse como parte constitutiva de lo que Santos denomina los circuitos inferiores de la economía urbana, caracterizados por un uso intensivo del trabajo, una fuerte inserción territorial y una relación directa entre productor y consumidor. Como señala el autor, “el circuito inferior se apoya en el trabajo intensivo y en la proximidad, y cumple un papel estructural en la economía urbana de los países subdesarrollados” (Santos, 1979, p. 134). En este sentido, las economías populares no representan un residuo disfuncional: es una forma estructural de organización económica espacialmente situada.

No existen tipologías puras ni trayectorias lineales dentro de la economía popular. Por el contrario, se trata de procesos abiertos, móviles y relacionales, en los que los actores pueden transitar entre distintas posiciones económicas y espaciales. Un trabajador por cuenta propia puede consolidarse como emprendimiento familiar y luego como organización popular con capacidad de incidencia territorial; del mismo modo, pequeñas unidades familiares articuladas a grandes empresas pueden fragmentarse o desaparecer frente a crisis económicas, competencia desigual o reestructuraciones productivas. Este carácter dinámico confirma lo señalado por David Harvey (2006) cuando sostiene que “el desarrollo geográfico desigual no es una desviación del capitalismo, sino una condición necesaria de su funcionamiento” (p. 87).

Desde esta óptica, no existe una economía “perfecta” en el capitalismo periférico, sino un ensamblaje híbrido de economías que coexisten y se superponen en un mismo espacio geográfico. En los territorios latinoamericanos es común observar la convivencia —frecuentemente conflictiva— entre circuitos económicos públicos, privados-capitalistas y populares. Comprender esta coexistencia exige asumir, como plantea Doreen Massey (2005), que “el espacio es el producto de interrelaciones; está constituido a través de interacciones, desde lo global hasta lo más íntimo” (p. 9). Las economías populares forman parte de esas trayectorias múltiples que se encuentran y se tensan en el territorio.

Figura 1
Matriz socioeconómica y espacial
Nota. Elaboración propia con base en Coraggio (2010)

Desde esta mirada relacional del espacio, cabe preguntarse: ¿Quiénes son los actores que componen esta matriz socioeconómica y espacial? Retomando el esquema propuesto por Coraggio (2010), es posible identificar cinco tipologías analíticas dentro del sector de la economía popular, diferenciadas por los actores involucrados, su grado de articulación y las escalas espaciales en las que operan.

La primera tipología corresponde al trabajo por cuenta propia, desarrollado por trabajadores independientes que producen bienes, prestan servicios y comercializan a pequeña escala en espacios como viviendas, calles, plazas, medios de transporte y ferias populares (Maldovan, 2018). Estas prácticas producen lo que Santos denominaría una territorialidad del uso, donde el espacio es apropiado y resignificado cotidianamente para garantizar la subsistencia, generando legitimidad social y permanencia territorial.

La segunda tipología se articula en torno a las unidades domésticas familiares (Coraggio, 1995, 2019; Coraggio, Arancibia y Deux, 2010; Serra, 2018). En ellas, el espacio doméstico y el espacio productivo se superponen, configurando microterritorios económicos donde la vivienda funciona simultáneamente como lugar de trabajo, reproducción social y circulación económica. Talleres de costura, restaurantes familiares, tiendas barriales, panaderías o pequeñas unidades agrícolas expresan esta forma de espacialización popular del trabajo. Las natilleras o cadenas de ahorro comunal refuerzan estas territorialidades, ancladas en redes de confianza y proximidad social.

La tercera tipología se vincula con las organizaciones comunitarias y organizaciones económicas populares, como Juntas de Acción Comunal, asociaciones de recicladores, centros de acopio, asociaciones de pescadores y colectivos ecológicos, artísticos y turísticos. Estas experiencias producen territorialidades colectivas, en las que el espacio es gestionado de manera comunal para garantizar condiciones mínimas de reproducción de la vida. En términos de Massey (2005), se trata de espacios construidos como “articulaciones temporales de relaciones sociales” (p. 29).

La cuarta tipología corresponde al sector cooperativo y mutualista, cuyas formas de inserción oscilan entre la autonomía relativa y la subordinación al capital. Algunas cooperativas operan como proveedoras de servicios secundarios para grandes empresas, mientras que otras —caficultores, pesqueras, taxistas, cooperativas financieras— logran consolidar circuitos económicos territoriales en escalas locales y regionales. Estas tensiones reflejan lo que Harvey describe como procesos simultáneos de integración y marginación espacial dentro del mismo sistema económico.

La quinta tipología, visibilizada desde la economía feminista, corresponde al trabajo de cuidados y de reproducción social, históricamente invisibilizado pero estructural para cualquier economía. Este trabajo produce lo que Massey denomina espacialidades relacionales del cuidado, fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Como advierte Harvey, “la reproducción de la fuerza de trabajo es un momento crucial del proceso de acumulación capitalista, aunque sistemáticamente oculto” (Harvey, 2010, p. 143).

Un aspecto esencial de las economías populares es que hacen visible lo invisible. En la economía capitalista, la esfera que domina el discurso institucional y del mercado es la de los indicadores del PIB, el trabajador que vende su fuerza de trabajo, el capital, la plusvalía. Pero esa economía se sostiene —y logra reproducirse— sobre una esfera que permanece oculta: un conjunto de actividades que el circuito formal trata como secundarias o directamente ignora, y que sin embargo son las que permiten que el capital siga funcionando. Cocinar, nutrir, cuidar la salud, sostener el bienestar emocional y el afecto, higienizar el hogar, restaurar mediante el descanso la capacidad de trabajar: todo eso conforma el trabajo reproductivo del que el capital se apropia sin pagarlo ni reconocerlo.

El capital no paga para que sus trabajadoras y trabajadores lleguen cada día descansados, alimentados, emocionalmente estables, socializados y formados. Eso no ocurre por arte de magia. Ocurre porque alguien lo hace. Y ese alguien, históricamente, ha sido en su gran mayoría una mujer.

Este ocultamiento no es un accidente ni un olvido del sistema: es una condición de su funcionamiento. Si el trabajo reproductivo tuviera que remunerarse en el mercado —si hubiera que pagar por cada comida preparada, cada enfermo cuidado, cada niño criado, cada cuerpo restituido para volver a producir—, la tasa de ganancia del capital se reduciría de forma radical. El trabajo doméstico y de cuidados es, en ese sentido, una transferencia silenciosa de valor: va del hogar al mercado, de los cuerpos femeninos a la cadena de producción, sin que ninguna contabilidad lo registre

Estas tipologías permiten organizar y analizar espacialmente la economía popular, identificando actores, flujos, escalas y territorialidades. Su estudio requiere el uso de herramientas propias de la geografía —localización, distribución, dispersión y difusión— apoyadas en cartografías sociales y temáticas que integren las narrativas de los sujetos. De este modo, la economía popular puede comprenderse plenamente como un proceso de producción del espacio desde abajo, que revela las contradicciones, resistencias y alternativas del capitalismo periférico

Conclusiones

Economías populares, producción del espacio y agendas de investigación

Esta investigación abordó diversos aspectos teóricos, contextuales y problemáticos de las economías populares, entendidas como un objeto de estudio con categorías analíticas propias que resultan fundamentales para comprender las contradicciones estructurales del capitalismo periférico, así como las alternativas prácticas que emergen frente a la economía capitalista dominante.

Las economías populares existen y tienden a fortalecerse en contextos donde el Estado y el capital no garantizan condiciones de reproducción social suficientes. En estos escenarios de expropiación y empobrecimiento estructural, las sociedades resuelven su supervivencia mediante la creación de circuitos económicos propios que sostienen la vida allí donde el mercado y las políticas públicas resultan insuficientes.

En este sentido, las economías populares deben ser comprendidas como espacios socioeconómicos creíbles, en los que se satisfacen necesidades materiales, simbólicas y relacionales, y en los que se configuran condiciones concretas para la reproducción de la vida de los sectores excluidos. De allí la importancia de reconocer y fortalecer estas prácticas económicas, cuyas labores han dinamizado históricamente las economías locales. A diferencia de los enclaves empresariales modernos —cerrados y funcionalmente aislados—, las economías populares se caracterizan por su apertura, su carácter democrático y su profunda inserción territorial. Estos espacios favorecen la heterogeneidad y, como plantea Doreen Massey (2012), la multiplicidad, en tanto condensan y articulan diversas dimensiones de la vida social que coexisten en un mismo territorio.

Para la geografía, resulta fundamental abordar las economías populares desde enfoques críticos que permitan analizar cómo se producen y transforman los circuitos económicos en distintas escalas, así como las formas de especialización espacial que emergen de estas prácticas. Las economías populares posibilitan la coexistencia de múltiples actividades organizadas desde abajo, al tiempo que se articulan —de manera conflictiva y desigual— con la economía institucional y la economía privada. Ello refuerza la premisa central de la geografía económica crítica: toda economía es espacial, es decir, posee una forma y un contenido que se expresan territorialmente y que dinamizan la sociedad en un espacio concreto.

Asimismo, las economías populares se despliegan en una tensión permanente entre horizontalidades y verticalidades espaciales. Por un lado, se basan en relaciones de proximidad, cooperación y apoyo mutuo; por otro, se ven atravesadas por jerarquías, regulaciones, conflictos y disputas por el control del espacio, propias de su inserción subordinada en el orden económico dominante.

Estas tensiones hacen de las economías populares espacios altamente conflictivos, precisamente porque se trata de economías de sobrevivencia. Sin embargo, esos mismos contextos de conflicto abren la posibilidad para la emergencia de la solidaridad, la comunalidad y el reconocimiento mutuo entre sujetos que se identifican en una condición compartida de exclusión.

Desde esta perspectiva, se abren múltiples interrogantes para futuras investigaciones: ¿cómo generan las economías populares procesos de especialización espacial?, ¿de qué manera se articulan con otras economías para movilizar flujos, trabajo y recursos en el territorio?, ¿cómo se relacionan estas prácticas económicas con las condiciones físicas y ambientales?, ¿cómo se expanden o se contraen las economías populares en función de las crisis del capitalismo periférico?, ¿cuál es la cartografía de las economías populares en las grandes ciudades y en las ciudades intermedias? Abordar estas preguntas permitirá avanzar en una geografía de las economías populares que contribuya a comprender, valorar y fortalecer las formas territoriales mediante las cuales los sectores excluidos producen espacio y sostienen la vida.

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