Este artículo analiza la gestión de riesgos y desastres en la zona alta de la Comuna 8 de Medellín (barrios El Faro, El Pacífico y Altos de la Torre) y su integración en la agenda de cambio climático tras la declaratoria de emergencia de 2023. A través de un estudio de caso cualitativo que abarca el periodo 2020-2023, se documentan las tensiones entre la institucionalidad técnica y los movimientos sociales de ladera. El estudio demuestra que la articulación del riesgo local con el discurso global del cambio climático permitió al Movimiento de Laderas institucionalizar la Acción Climática Incluyente como una plataforma de disputa política. Este proceso revela una contradicción estructural: mientras las comunidades deben visibilizar su vulnerabilidad para exigir atención estatal, el Estado impone barreras técnico-jurídicas que individualizan el desastre, acentuando la desigualdad socioespacial y la percepción de negligencia institucional. El hallazgo más relevante es la capacidad de los sectores populares para resignificar el lenguaje técnico de la "emergencia" hacia un litigio estratégico que vincula la crisis climática con reivindicaciones históricas por la vivienda digna y la permanencia en el territorio.
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